El Senado comienza el tratamiento de la reforma laboral en un clima de fuerte expectativa política y con una convocatoria sindical que anticipa una movilización masiva frente al Congreso. Según estimaciones oficiales, el oficialismo contaría con los votos necesarios para avanzar con la media sanción del proyecto.
En las primeras horas de la mañana, el movimiento en las inmediaciones del Palacio Legislativo era reducido. Las calles permanecían habilitadas al tránsito, aunque con un importante operativo de seguridad y vallados dispuestos en los accesos a la plaza. La concentración principal fue convocada por la CGT para las 17, sin llamado a paro general. La central obrera aclaró que se trata de una movilización y no de una huelga, por lo que los trabajadores deberán cumplir su jornada laboral antes de concurrir.
Sin embargo, algunos gremios adelantaron sus propios horarios de convocatoria. Sectores más combativos anunciaron movilizaciones desde el mediodía, mientras que otros sindicatos, como Camioneros, prevén concentrarse a partir de las 13. Además, como cada miércoles, se espera la presencia de jubilados que reclaman frente al Congreso, a lo que se sumarán organizaciones de izquierda.
Desde el Ministerio de Seguridad se informó que el protocolo antipiquetes continúa vigente y que se aplicará en caso de que se interrumpa la circulación o se registren incidentes. Por el momento, el despliegue policial se mantiene de manera preventiva.
En el plano legislativo, el oficialismo introdujo modificaciones al texto original en busca de garantizar apoyos. Entre los cambios más relevantes, se dejó sin efecto la reducción en la alícuota del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto sensible para las provincias por su impacto en la coparticipación. La decisión fue interpretada como un gesto hacia los gobernadores, algunos de los cuales habían manifestado su preocupación por la eventual merma en la recaudación.
El Gobierno aspira a lograr la media sanción y exhibir el avance como parte de su agenda de modernización laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo. En paralelo, ya se anticipa la discusión futura de un acuerdo fiscal más amplio, que incluiría cambios en el esquema tributario, un debate que se prevé aún más complejo por el impacto directo en los recursos de la Nación, las provincias y los municipios.
Mientras tanto, crece la incertidumbre entre trabajadores y empleadores sobre el alcance concreto de la reforma. Para algunos sectores, la iniciativa podría abrir oportunidades de formalización y simplificación de costos laborales; para otros, existe el temor de una pérdida de derechos adquiridos.
El empresariado pyme, particularmente afectado por la presión impositiva y los costos laborales, también observa con atención la eventual discusión de una reforma tributaria integral.